El gigante adormecido de Portoviejo

Por Antonella Sala

En la hermosa capital de Manabí, un edificio que alguna vez simbolizó esperanza y autoridad se erige majestuoso el Palacio de Justicia de Portoviejo. Pero en las bulliciosas calles, este edificio no es solo una simple estructura es otra cosa. Representa el amor y los sentimientos de legalidad en esta ciudad azotada por los desastres naturales y los errores humanos.

Sin embargo, desde el devastador terremoto de 2016, la esperanza y la seguridad que este edificio solía representar ya no está a la vista. Como un gigante dormido, sus muros parpadean de alguna manera, las inscripciones en los ladrillos parecen una lista de identidad perdida. En su interior, una historia está oculta. Se trata de la mala administración, la corrupción, los retrasos y, sobre todo, la lucha de un pueblo que anhela la legalidad, que espera que la justicia regrese a casa.

El proyecto de reconstrucción: Un camino con fallas

Después del terremoto que sacudió a Manabí en 2016, el Palacio de Justicia experimentó daños estructurales significativos, aunque no se desplomó. No fue solo un asunto de ladrillos y cemento; era el propio concepto de justicia lo que parecía desmoronarse. En un intento de restaurarlo a su pleno poder y función, el 18 de octubre de 2020, se celebró un contrato con el Consorcio RPJ. El trabajo resultante debería haberse completado en 270 días y costar $4’895.760,16 dólares. Fue un proyecto muy esperado que finalmente devolvería a Portoviejo un lugar adecuado desde el cual se administraría la justicia.

Sin embargo, casi desde el principio, empezaron a incumplirse las promesas. Los días pasaban, pero el trabajo no se realizaba al ritmo establecido. Cada día que el edificio se mantenía inactivo era un golpe a la esperanza de todos los ciudadanos que esperaban ansiosamente su reactivación

Durante los siguientes meses, las irregularidades en la ejecución se volvieron más claras. Las demoras acumuladas no se debieron simplemente a la falta de tiempo, sino al deseo del contratista de enlentecer el progreso en un esfuerzo y maximizar los costos. Ha habido informes de pagos por trabajos que no se han realizado, inflando así el costo total del trabajo y prolongando aún más el futuro del proyecto. Las auditorías mostraron que el Estado pagó 57,998.64 USD de más por un trabajo que nunca se completó.

Las irregularidades que marcaron la obra

No faltaron razones para que el descontento se cerniera sobre el lugar. Las fallas técnicas eran evidentes a simple vista, el aire acondicionado, los sistemas de ventilación, y los sistemas contra incendio instalados nunca funcionaron a la perfección. Estas deficiencias eran impensables para un edificio donde la seguridad debería ser prioritaria. Los ascensores, esencial para un edificio con varios pisos, no funcionaban adecuadamente; los técnicos encargados de verificarlos en profundidad no pudieron llevar a cabo la prueba en los fozos porque estaban inundados.

De mayor importancia, sin embargo, fue la calidad de la mano de obra y los materiales utilizados en la remodelación. Las impresionantes escalinatas recubiertas de mármol negro eran solo un recuerdo, era posible mirar directamente a la inferior con una cerámica barata, por otro lado, los cristales antibalas que alguna vez abarrotaron el exterior del edificio fueron también reemplazados por modelos más baratos. Por esta razón, quedó claro que el trabajo realizado no se ajustaba más a las expectativas del propietario original.

Mientras tanto, la Contraloría General del Estado realizaba exámenes y auditorías. Sus resultados no solo confirmaron las irregularidades, sino que evidenciaron que el consorcio responsable nunca debió haber sido adjudicado con la obra, ya que no cumplía con las bases del contrato. El informe fue claro: el proyecto, tal como se había ejecutado hasta ese punto, estaba plagado de errores y fallas.

La terminación unilateral del contrato

Ante la acumulación de problemas, el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de terminar unilateralmente el contrato con el Consorcio RPJ. Era una medida desesperada, pero necesaria. El contrato había alcanzado un punto de no retorno, y la única opción que quedaba era finalizarlo antes de que los daños fueran irreparables.

La peor forma que tuvo la liquidación del contrato de sacada fue que, entre multas y pagos injustificados, el consorcio RPJ tendría más de 3 millones de dólares de sobra para devolver al gobierno. Sin embargo, la situación empeoró cuando el consorcio RPJ decidió que no se le declarara fallido y le levantara una acción de protección al contrato. Perdieron en primera instancia, pero en la segunda los jueces les dieron la razón, y la ciudadanía estaba con una sensación de impotencia.

Durante la liquidación del contrato, se calcula que el consorcio había cobrado aproximadamente 1,2 millónes de dólares por trabajos que no estaban debidamente sustentados, lo que añade otra capa de irregularidades a un proyecto ya lleno de problemas. Este monto se sumó a las multas acumuladas y otros pagos injustificados.

Mientras tanto, el reloj seguía corriendo, y el Palacio de Justicia permanecía tan paralizado como el proceso mismo.

La Lucha del Colectivo «Y la Corte Pa’ Cuándo»

En medio de esta situación, el colectivo «Y la Corte Pa’ Cuándo» ha emergido como una voz potente que exige la reactivación del Palacio de Justicia. Coordinado por el Abogado George Farfán, este colectivo se ha convertido en un pilar fundamental en la lucha por la justicia en Portoviejo.

George Farfán ha expresado su frustración y determinación en varias ocasiones: «Es inaceptable que un edificio destinado a impartir justicia esté en estas condiciones. Cada día que pasa sin que la obra avance es una oportunidad perdida para brindar justicia a nuestra comunidad». La pasión de Farfán resuena en cada rincón de Portoviejo, donde sus protestas han galvanizado el apoyo de muchos ciudadanos preocupados por el futuro del sistema judicial local.

Farfán también enfatiza: «Si el Palacio de Justicia estuviera funcionando, todo el sector podría revitalizarse. Necesitamos confianza en el sistema, y eso comienza con tener un lugar adecuado para que se ejerza la justicia».

Falla estructural y clausura de la obra

A falta de unos días para llegar al plazo final, el consorcio RPJ decidió aportar pruebas al municipio: el edificio tiene fallas estructurales. La acción puso al municipio en alerta, y la obra fue clausurada. ¿Cómo era posible que, luego de tantos años de trabajos, el edificio siguiera presentando problemas tan fundamentales?

El Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí sería nombrado para realizar una inspección y determinar la magnitud de las fallas. Su diagnóstico fue claro. Sí, hubo fallas, pero se localizaron en la zona del garaje y, en ningún caso, afectaron la estructura principal del edificio de siete pisos. Entonces, ¿por qué el edificio fue clausurado por completo? ¿Y acaso la medida tuvo razón de ser, o fue simplemente un pretexto para evitar responsabilidades dañinas?

Quedaron preguntas sin respuesta, pero las consecuencias fueron palpables: la obra se detuvo, y el Palacio de Justicia, condenado a ser la joya de la infraestructura judicial, se convirtió en la “instalación de la incompetencia”.

El impacto social y económico de un edificio paralizado

No fue solo la moral de la justicia local la que sufrió un revés con el colapso del proyecto. En Portoviejo, una ciudad ya golpeada por el terremoto que lo había provocado, uno de los edificios más icónicos se encuentra en un estado de limbo. El edificio legislativo existe como una ruina moderna, una tumba de la impotencia que todo aquel que lo vea debe enfrentar.

Existen más repercusiones que la transmisión de un símbolo en el aire. Los expertos judiciales que trabajaban en un edifico legítimamente hecho para eso ahora son obligados a hacerlo en un espacio improvisado: un antiguo minimarket local que comúnmente usaba la Universidad Técnica de Manabí. Este lugar, cuidado de las condiciones necesarias para una administración adecuada de justicia, se ha convertido el día a día de los jueces y empleados en una tarea aún más ardua.

Por si fuera poco, la Universidad Técnica de Manabí ha comenzado a reclamar la devolución del espacio que les fue prestado para que el Consejo de la Judicatura pudiera operar de manera temporal.

Además de su organización y accesibilidad para apoyar el trabajo de los jueces, los documentos y papeles del Consejo de la Judicatura son apilados y amontonados en una bodega. Este desorden no solo interfiere con la actividad de los empleados, sino que también sirve como un símbolo de la falta de respeto por la justicia y los intereses de los que les rodean.​

Económicamente, la paralización del Palacio de Justicia tuvo un impacto significativo en la economía. “Si este edificio estuviera funcionando, el impacto en el sector habría sido notorio”. El propietario del negocio cercano, Milton Vélez lamenta. Dado que es el único lugar en la región donde los juicios se celebran, la paralización tuvo impacto en la economía local. Muchas personas no han sido capaces de volver a entrar a trabajar.

El futuro incierto: Entre estudios técnicos y una obra suspendida

Hoy, el Palacio de Justicia está en silencio. El Consejo de la Judicatura ha anunciado que están subiendo al Portal de Compras Públicas los estudios para determinar las afectaciones técnicas del edificio: será allí cuando se decida si la obra puede reanudarse o si el proyecto deberá ser replanteado desde cero.

Sin embargo, en medio de la incertidumbre, algo se ha vuelto claro: la mala planificación inicial sigue afectando el futuro del edificio. Un hecho curioso ocurrió al hacer estos estudios; por ejemplo, los suiches de conexión a internet no fueron incluidos, lo cual es un problema serio para un espacio judicial pospandemia. En cambio, la obra de los presupuestos participativos destinó recursos para instalar duchas eléctricas en el Palacio de Justicia, un servicio que parece desubicado en un edificio con esas características.

Mientras tanto, el colectivo que ha estado vigilando el progreso (o la falta de él) sigue alzando la voz. El Palacio de Justicia de Portoviejo, más que un edificio, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la transparencia, la eficiencia, y sobre todo, el acceso a una justicia que no esté estancada en las ruinas de lo que alguna vez fue.

Y lo último que nos comentó el abogado: “En esta lucha para que edificio ya por fin se habilite seguiremos con el colectivo ya para este año no pero ya el próximo se podrá”.